A cinco meses de su aprobación, un nuevo informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma concluye que la reforma laboral no generó más empleo registrado, profundizó la precarización y mantiene abierto un escenario de disputa sindical, política y judicial frente al avance sobre los derechos de las y los trabajadores.
El Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma presentó un nuevo informe en el que analiza la implementación de la reforma laboral, a cinco meses de su aprobación, y concluye que sus principales promesas no se verifican en la realidad. Por el contrario, el documento sostiene que la reforma avanza sobre derechos laborales históricos, mientras continúan la caída del empleo registrado, el crecimiento de la informalidad y el deterioro de los salarios.
El informe señala que la ley, aprobada en febrero de 2026, ya se encuentra mayormente vigente luego de una serie de decretos reglamentarios dictados por el gobierno nacional. Sin embargo, advierte que el proceso de reglamentación aún no concluyó y que varias de sus disposiciones continúan siendo objeto de disputa política, sindical y judicial.
Uno de los aspectos centrales del trabajo es el balance sobre los efectos de la reforma en el mercado laboral. Según el IEF, todavía es temprano para evaluar plenamente el impacto de la nueva legislación, pero los primeros indicadores no muestran mejoras. En apenas los dos primeros meses de vigencia de la reforma laboral se perdieron casi 20 mil puestos de trabajo asalariado registrado en el sector privado. A la vez, el antecedente inmediato, el capítulo laboral de la Ley Bases, dejó como saldo una fuerte reducción del empleo formal, un incremento del trabajo no registrado y del cuentapropismo, mientras los salarios reales permanecen en niveles históricamente deprimidos.
El informe también reconstruye las distintas formas de resistencia desarrolladas por las organizaciones sindicales frente a la reforma. Entre ellas se destacan las movilizaciones nacionales impulsadas por las tres centrales sindicales, las acciones judiciales que lograron declarar inconstitucionales algunos artículos o suspender parcialmente su aplicación en determinados sectores, y las estrategias desplegadas en la negociación colectiva para preservar derechos convencionales y el financiamiento de las organizaciones sindicales.
Asimismo, el documento remarca que numerosos convenios colectivos incorporaron cláusulas para mantener la vigencia de derechos que la reforma pretendía limitar y ratificaron mecanismos de solidaridad destinados a sostener la actividad sindical. Esta respuesta, sostiene el IEF, demuestra que la reforma continúa siendo un terreno de disputa entre el Gobierno, los empleadores y las organizaciones de trabajadores.
En sus conclusiones, el Instituto sostiene que la evidencia disponible desmiente el argumento oficial según el cual la flexibilización laboral favorecería la creación de empleo registrado. Por el contrario, afirma que los datos muestran un escenario de mayor precarización, pérdida de puestos de trabajo formal y deterioro salarial, mientras continúa la resistencia sindical en los ámbitos judicial, político y de la negociación colectiva.