No aceptaremos una ley que comprometa una de nuestras grandes conquistas: el 82 % móvil.
Nuestros regímenes jubilatorios no son de privilegio, son regímenes especiales que nuestro sector sostiene con más aportes.
Compartimos el Comunicado de nuestra Federación en relación al proyecto de ley que plantea la suspensión de la movilidad jubilatoria.
«En el día de la fecha el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Económica, en cuyos artículos N° 51 y 52 pretende la suspensión por 180 días de todas las movilidades jubilatorias, otorgando aumentos trimestrales por decreto. Así, establece expresamente que «a los fines de atender en forma prioritaria y en el corto plazo a los sectores de más bajos ingresos, suspéndese por el plazo de 180 días…, la vigencia de los artículos de las leyes y decretos que amparan la movilidad de los haberes jubilatorios de la docencia universitaria, preuniversitaria y de las y los investigadores.
El proyecto afecta a las movilidades determinadas por los índices RIPDUN (Ley de Jubilaciones Docentes Universitarias N° 26.508), RIPDOC (Decreto Jubilaciones Docentes Preuniversitarias N° 137/05), e incluye también a las Jubilaciones de Investigadorxs (Decreto N° 160/05), que se rigen por el índice general de movilidad de la Ley N° 27.426.
Desde CONADU HISTÓRICA manifestamos nuestro total rechazo a la suspensión de la movilidad jubilatoria contemplada en nuestros regímenes especiales. Leyes que son el producto de grandes luchas de nuestro sector, y que en el caso de la Ley N° 26.508, fue sancionada por unanimidad en ambas cámaras legislativas tras importantes campañas de firmas y movilizaciones en todo el país.
Recordamos asimismo, que las jubilaciones docentes y de investigadores perdieron más de un 40% contra la inflación en los últimos dos años, por lo que consideramos una injusticia que se nos asimile con sectores de privilegio, en especial con relación a los verdaderos ganadores del período neoliberal del gobierno de Macri.
Por lo expuesto, reclamamos que se anulen los mencionados artículos 51 y 52 del proyecto de ley, que entendemos y compartimos que resulta tan necesaria para los sectores más postergados de la sociedad, cuyas demandas siempre hemos acompañado.»
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de diciembre de 2019.