Las maneras de ir resolviendo el avance y los riesgos producidos por el coronavirus (COVID-2019) son dinámicas. Nuestra responsabilidad como gremio fue aceptar integrar el Comité de Emergencia Ampliado creado por Resolución Rectoral 357/2020.
Nuestra participación tiene que ver con representar la docencia universitaria y preuniversitaria y hemos explicitado tres principios que organizan nuestras posiciones: defender nuestros derechos, cuidarnos entre todxs y evitar riesgos innecesarios. Al ingresar al espacio del Comité de Emergencia aceptamos ciertas reglas: las decisiones se toman por consenso, lxs expertxs tienen un papel no determinante pero sí de peso y las decisiones no son definitivas sino dinámicas. Quien nos representa ante el Comité de Emergencia es nuestra Secretaria Adjunta, Viviana Pradolini, por su doble condición: su lugar en la Comisión Directiva y su formación y experiencia en temas de salud y políticas públicas.
La reunión del día domingo, que estaba prevista para el lunes y debió adelantarse, duró muchas horas y terminó en el Acta que hemos difundido. Allí había una primera decisión importante: suspender las clases hasta el 30 de marzo, suspender los plazos administrativos hasta esa fecha y establecer condiciones de suspensión de las actividades de extensión, investigación y servicios a terceros. Sobre preuniversitarixs se resolvió seguir las indicaciones del Ministerio de Educación de la Nación.
La suspensión de clases que el Ministerio de Educación de la Nación anunció a la tarde generó mucha incertidumbre. La exigencia de que las escuelas permanecieran abiertas se leyó como una medida que no terminaba de resolver el riesgo que significaba ir a trabajar. Incluso la Resolución del Comité que nosotros, desde ADUL, interpretamos como no concurrencia a las facultades se estaba implementando de otra manera: había que ir a los lugares de trabajo.
El lunes al mediodía hicimos la reunión de Comisión Directiva y resolvimos plantear ante el Comité que si se analizaban las condiciones en las que sería posible el trabajo en los ámbitos de la UNL y la justificación social de la medida tomada por el Ministerio de Educación de la Nación en acuerdo con el Ministerio de Salud, en la UNL debíamos avanzar – debido a la autonomía y que ésta podía movilizarse para no exponer a riesgo a sus trabajadorxs – en desobligar de la asistencia a los lugares de trabajo a las y los docentes. Este planteo se resolvió favorablemente en la Resolución Rectoral 398/2020 en la que se avanza en el reconocimiento de condiciones especiales para los «grupos de riesgo» según la definición de la autoridad sanitaria, el reconocimiento de licencias para padres, madres o tutores y, lo que es relevante, el establecimiento de un «sistema de cobertura mínima de las áreas esenciales o críticas o de prestación de servicios indispensables.» (Artículo 8).
El planteo, la deliberación de la razonabilidad de la medida propuesta y el consenso terminaron produciendo una mejora en las decisiones tomadas el día domingo.
Estos son tiempos de mucha ansiedad y por eso, queremos que tengan plena certeza de que vamos a intervenir en el Comité de Emergencia desde los principios explicitados. Así como el riesgo es uno de los términos (y realidad) que frecuentamos, el término cuidado también está transitando un desarrollo similar: políticas de cuidado, incluso planteamos ahora. Ese es uno de nuestros horizontes: un cuidado colectivo y, por qué no, amoroso.
Sororamente/Fraternalmente
Comisión Directiva