El pasado 16 de agosto, en la ciudad de Rafaela, un grupo de policías atacó con una brutal golpiza al joven Lucas Colombo. Dadas las notorias lesiones que le produjeron y para mantenerlo amenazado bajo su control, informaron falazmente que portaba un arma. Desde entonces Lucas continúa con una prisión preventiva que trata de sostenerse en la causa falsa que armó en su contra la policía, permaneciendo detenido en la Alcaidía de la propia policía de Rafaela.
La familia de Lucas pudo denunciar institucionalmente estos hechos. Junto con organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, sociales y políticas, estamos reclamando una pronta dilucidación de la realidad de lo sucedido y la más urgente protección para Lucas.
Eugenia Emmert, la directora de la escuela agrotécnica donde Lucas cursó parte de su secundario, ha hecho público también su pesar por este injusto ataque. Ella da cuenta de las virtudes del joven como estudiante y da a conocer la disposición de la institución para aportar pruebas sobre las cualidades de su comportamiento y persona. Lucas ayuda a su familia trabajando desde temprana edad y al mismo tiempo ha retomado sus estudios para completar el secundario. La violencia y corrupción policial también lo están privando de su derecho a la educación. Este perjuicio y otras secuelas de las vejaciones que le imponen, afectarán su vida por largo tiempo.
Como sindicato de docentes de la universidad pública exigimos el cese inmediato de esta pesadilla a la que someten a un joven estudiante. Desde nuestra Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades venimos acompañando a la familia en su denuncia y pedidos al poder judicial. Requerimos de esas autoridades que se ponga fin a esta maniobra delincuencial de la policía y se aseguren medidas efectivas de seguridad para Lucas Colombo y su familia, en condiciones que le permitan volver a su vida cotidiana, sus actividades laborales y completar su formación secundaria. Estos son derechos fundamentales que se han vulnerado gravemente junto a la integridad física y mental, la salud y la libertad. Las autoridades gubernamentales de la provincia, deben asimismo ocuparse para que dejen de repetirse estos delitos policiales que arruinan la vida de les jóvenes que no pertenecen a los grupos privilegiados de nuestra desigual sociedad.
Santa Fe, 2 de noviembre de 2020
Comisión Directiva