El Congreso de la CONADU Histórica sesionó con la participación de 97 congresales de 26 asociaciones de base de todo el país.
El compromiso activo y la disposición de la docencia universitaria y preuniversitaria, en todo el país, es sostener y profundizar el plan de acción para defender la universidad pública y nuestros salarios.
El Congreso analizó el escenario político, sindical y jurídico, tras una importante victoria judicial, en la que la Cámara III en lo contencioso administrativo federal ratificó la medida cautelar que ordena el cumplimiento urgente y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Ese cumplimiento incluye el pago de la deuda con los trabajadores y las trabajadoras docentes y nodocentes, la urgente convocatoria a paritarias y la actualización del monto de las becas para los y las estudiantes.
Este fallo constituye un respaldo a la lucha sostenida por nuestra Federación y desnuda la ilegalidad del accionar del gobierno, que incumple tanto la voluntad del Congreso de la Nación como las resoluciones del Poder Judicial.
Las asociaciones de base informaron un alto nivel de actividad gremial durante las últimas semanas, con paros, clases públicas, movilizaciones, volanteadas y acciones de visibilización que permitieron sostener el conflicto e instalar con fuerza nuestras demandas en la agenda pública.
El Congreso resolvió:
• exigir el cumplimiento inmediato del fallo judicial que obliga al gobierno nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario;
• convocar a paros nacionales las semanas del 13 al 18 de abril y del 27 de abril al 2 de mayo;
• realizar acciones de visibilización en todo el país: clases públicas, abrazos a las universidades, vigilias, volanteadas y actividades interclaustro;
• e impulsar la convocatoria a una Marcha Federal Universitaria, en abril, priorizando la más amplia unidad con estudiantes, no docentes y otros sectores en lucha.
El Congreso expresó su enérgico repudio a las amenazas de descuentos salariales por los paros que realizamos en legítima defensa de la universidad pública y de nuestros salarios y a cualquier intento de disciplinamiento por parte de las autoridades universitarias. Reafirmamos que la huelga es un derecho constitucional y advertimos que cualquier intento de limitarlo será enfrentado con todas las herramientas gremiales, políticas y legales disponibles.
Por último, a 44 años de la guerra de Malvinas, sostenemos el reclamo de soberanía sobre nuestras islas y el Atlántico sur y homenajeamos a nuestros compatriotas lucharon y dieron su vida en ese territorio ocupado. Lo hacemos frente a un presidente de la Nación que implementa una política de declinación de nuestra soberanía nacional, que sostiene un alineamiento internacional con Estados Unidos, Inglaterra e Israel, que se declara admirador de Margareth Tatcher y que envió las reservas en oro de la Nación a Londres.
Profundizamos, entonces, las acciones gremiales por el cumplimiento inmediato del fallo judicial que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario:
¡No al desfinanciamiento de las universidades!
¡La universidad pública no es un gasto!
¡La ley se cumple, no se modifica!
Las semana del 13 al 18 de abril y del 27 de abril al 2 de mayo: ¡todas y todos al paro!