Las mejoras de remuneraciones y condiciones de trabajo del personal policial de los niveles menos favorecidos en distintas provincias es una demanda justificada. Cuanto más lo es que se cumpla con los reclamos del movimiento de derechos humanos desde la resistencia a la última dictadura cívico-militar-clerical: desmantelamiento del aparato represivo del Estado, cese de los crímenes policiales, de tormentos, homicidios y desapariciones así como toda forma de impunidad de los mismos.
El amotinamiento de miembros de la policía bonaerense con armas y recursos estatales con los que cuentan como fuerzas de seguridad es un ataque a la profundización de la democracia en nuestro país. Activa las lamentables trayectorias históricas de cuerpos policiales que impusieron sus pretensiones con la amenaza o el ejercicio mismo de la violencia estatal, resistiéndose a toda posibilidad de políticas que desmantelen el accionar delincuencial organizado dentro de la propia estructura policial y combatan las prácticas más graves de tormentos, gatillo fácil y desapariciones. Lo comprendan o no muchos partícipes del levantamiento. Es históricamente conocida, también, la utilización de la prepotencia policial antidemocrática por parte de los sectores más concentrados y reaccionarios del poder económico en nuestro país para reforzar el status quo de sus privilegios contra todo desafío igualitario.
BASTA DE HACER VALER LAS ARMAS POLICIALES PARA CONDICIONAR LA VIDA DEMOCRÁTICA EN NUESTRO PAIS. NUNCA MÁS, ES NUNCA MÁS.
Comisión Directiva de ADUL